Mercosur rechaza Directiva de Retorno y pide su derogaciónLos jefes de Estado reunidos en Tucumán, Argentina, solicitan a las autoridades europeas revisar y modificar la ley. Consulados y embajadas brindarán asesoría y protegerán derechos de migrantes.
Tucumán, Argentina, 1 de julio de 2008/-. Los jefes de Estado del Mercosur y estados asociados deploraron la recién aprobada “Directiva de Retorno” y solicitaron a la Unión Europea su revisión a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes.
La mencionada “Directiva de Retorno” fue aprobada el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo concitando el rechazo de gobiernos latinoamericanos y su elaboración, a juicio del Mercosur tiene además graves deficiencias.
Instruyen a sus ministros de relaciones exteriores a que adopten las medidas necesarias para que los consulados, secciones consulares y embajadas atiendan las inquietudes que pudiera despertar la Directiva de Retorno en los migrantes de los países que integran Mercosur o los estados asociados, brindando asesoría y protección de acuerdo con la Convención de Viena.
De igual manera, los países miembros del Mercosur aceptarón la propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, de enviar observadores al referendo revocatorio de mandato que se celebrará en el país andino el 10 de agosto próximo.
DECLARACIÓN
El parlamento europeo aprobó el 18 de junio el texto –sin modificaciones- propuesto por la Comisión de Representantes Permanentes (Coreper) de la Unión Europea para la “Directiva de Retorno” las cuales, no se compadecen con el respeto a la dignidad humana de los migrantes en situación migratoria irregular; no resultan congruentes con el espíritu del derecho humanitario ni con el del derecho internacional de los derechos humanos, a los que todos nos debemos como signatarios y garantes del sistema internacional de los derechos humanos; ignoran los términos del diálogo sostenido por los jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea, en ocasión de la V Cumbre ALC – UE, celebrada en Lima, Perú; en particular, el compromiso asumido en relación “al goce y protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes”, así como al “desarrollo de un enfoque comprensivo de la migración internacional”, según consta en parágrafo 27 de la Declaración de Lima, suscrita el 16 de mayo de 2008.
Ante la decisión adoptada, los jefes de Estado del Mercosur y estados asociados,
DECLARAMOS:
1) Que deploramos la aprobación de la Directiva de Retorno, por ser contradictoria de la propia normativa europea sobre el derecho humanitario consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La legislación aprobada cuestiona además, el “interés superior del niño”, consagrado en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño; dificulta el principio de la reunificación familiar y avanza restrictivamente sobre los derechos y obligaciones establecidos en el protocolo sobre el estatuto de los refugiados (1967).
2) Que la medida adoptada constituye una contradicción a la histórica hospitalidad brindada por nuestros pueblos -durante siglos- a millones de inmigrantes procedentes de todo el mundo, a quienes recibió sin más requisitos que su voluntad de integrarse a nuestros países.
3) Que reivindicamos el aporte positivo de nuestros migrantes connacionales en todos los países de destino en la Unión Europea, tanto en el plano social y cultural como en el económico, según lo han constatado estudios científicos europeos en la materia.
4) Que las políticas migratorias restrictivas han demostrado -en los hechos- su improductividad y que, muy por el contrario, generan climas propicios para prácticas xenofóbicas, racistas o discriminatorias, alentando las formas más denigrantes de la criminalidad transnacional organizada, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
5) Que debe asumirse que las causas de la emigración de nuestros connacionales se hallan en la pobreza estructural, en la falta de oportunidades, en la desigualdad y exclusión sociales que aún golpean en nuestros países. Que las asimetrías económicas internacionales, los multimillonarios subsidios que distorsionan la competitividad; la falta de apertura de los mercados del mundo desarrollado a los productos de los países emergentes y no desarrollados, retroalimentan las condiciones económico-sociales que impulsan a nuestros nacionales a emigrar hacia el mundo desarrollado.
6) Que en consecuencia, la forma de ordenar los flujos migratorios es cooperar, en el marco del principio de responsabilidad compartida, para generar desarrollo económico-social en los países de origen de migrantes; dar efectiva apertura de los mercados del mundo desarrollado a nuestros productos; eliminar los multimillonarios subsidios y las distorsiones comerciales. El desarrollo local en origen y la posibilidad de colocar nuestros productos en los mercados de alto desarrollo generarán fuentes de trabajo que arraigarán a las poblaciones y estabilizarán efectivamente las migraciones.
7) En virtud de cuanto antecede, inspirados en el diálogo constructivo mantenido y los acuerdos alcanzados en ocasión de la V Cumbre ALC – UE, invitamos a las autoridades de la Unión Europea a rever y modificar la lamentable decisión adoptada por la Coreper y el Parlamento Europeo, de forma tal que, antes que sus efectos entren en vigor, puedan subsanarse las graves deficiencias contenidas en ellas, con el noble fin de garantizar el respeto a la dignidad de la persona migrante, independientemente de su estatus migratorio, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la jurisprudencia internacional sobre la materia.
8) Hasta tanto ello pueda alcanzarse, instruimos a los señores ministros y ministras de relaciones exteriores de nuestros países, que adopten las medidas necesarias para que, los consulados y secciones consulares de las embajadas de nuestros estados atiendan las consultas e inquietudes que sobre las Directivas de Retorno, pudiera formular cualquiera de los nacionales migrantes de un estado parte o asociado, brindando protección y asistencia previstas por la Convención de Viena de relaciones consulares y ofreciendo el asesoramiento pertinente que impida restricciones al ejercicio de sus derechos humanos como persona migrante, independientemente de la condición migratoria que revista en el país de destino.
Tucumán, 1º de julio de 2008
Prensa Presidencial/VTV - em-mp
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