Panamá: Rendición de cuentas
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 05/06/2008, Panamá.- Tarde o temprano los panameños que han estado al frente de los gobiernos de los últimos 20 años tendrán que rendir cuentas de sus actos. Son dos décadas de cambios que han significado, por un lado, el perfeccionamiento de la soberanía nacional sobre el territorio nacional.
Por el otro, de políticas económicas que han empobrecido a centenares de miles de panameños.
El gobierno del presidente Martín Torrijos prometió en un principio (2004) que introduciría cambios radicales en las políticas económicas y sociales, así mismo encabezaría una campaña contra la corrupción empresarial y gubernamental. Eran promesas huecas. Las políticas económicas continuaron su camino equivocado, permitiendo que la especulación desplazara a la producción como fuente de generación de riquezas. Las políticas sociales profundizaron la brecha entre pobres y ricos.
La corrupción presentó su trágica cara en tres grandes hechos que sacudieron a la sociedad entera. Apenas semanas después de asumir la Presidencia, Torrijos tuvo que “explicar” porque una lluvia arrasó con una urbanización popular construida sobre el lecho de un río. Meses más tarde tuvo que salir a la palestra para explicar porqué se incendiara un bus de transporte colectivo cobrando la vida de 12 personas. Poco después, ante la consternación del pueblo panameño, nuevamente tuvo que justificar la muerte de más de cien asegurados que ingirieron medicamentos envenenados.
No ha habido rendición de cuentas en los tres casos. El gobierno mira en otra dirección cuando se trata el asunto. ¿De qué se trata? ¿Incapacidad o corrupción?
Ante la vista de otros sectores de la sociedad panameña, se destaca la incapacidad o corrupción en la destrucción de la naturaleza, en el incremento de los precios de los productos de la canasta básica y en la especulación urbana. Otros ven con preocupación la incapacidad o corrupción en la política de concesiones mineras o de represas que destruyen comunidades enteras para que unos pocos se llenen los bolsillos.
Cuando se pide rendición de cuentas, la Asamblea de Diputados reforma las leyes para que se destruya la cuenca del Canal de Panamá. Para no quedarse atrás, el Ejecutivo cambia de ministros para que los inversionistas continúen acumulando riquezas acabando con los servicios de salud, el sector educativo y la seguridad social.
En el sector laboral, la situación es aún peor. La legislación ha “flexibilizado” la relación laboral quitándole a los trabajadores sus derechos. Cuando protestan son asesinados a quema ropa, sin que nadie rinda cuentas.
El último escándalo producto de la incapacidad o corrupción se produjo cuando el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (SAN) se precipitó sobre la avenida Central, en el barrio de Calidonia de la ciudad de Panamá. Viajaba en el helicóptero el director general del Cuerpo de Carabineros de Chile, sus cinco acompañantes y seis panameños de la Policía Nacional.
¿Habrá rendición de cuentas? ¿Se hará la investigación de rigor? ¿Fue un accidente producto de error humano, de falta de mantenimiento de la nave o de algún otro factor?
Algunos diputados chilenos han acusado al gobierno panameño de “negligencia grave”. ¿Por incapacidad o por corrupción?
Los panameños se preguntan por la inseguridad en la calles, por la creciente pobreza, por el asalto al erario público por parte de funcionarios y empresarios. ¿Se trata de “negligencia grave”? ¿Estamos frente a incapacidad y corrupción de un gobierno o de toda una clase social que se ha adueñado del poder político? Hay que exigir rendición de cuentas.
- Marco A. Gandásegui, hijo (profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA)
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