¿Quién gobierna en Venezuela?

¿Quién gobierna en Venezuela?
Escrito por: Rafael Gonto Díaz

El Presidente Chávez ha ganado un montón de elecciones cada una con mayor respaldo popular que la anterior; dos de cada tres venezolanos han expresado su decisión de apoyar la gestión de gobierno ejecutada por el Presidente; el 100% de los integrantes de la Asamblea Legislativa pertenece a las organizaciones políticas que apoyan el proceso revolucionario y, además, con una ventaja adicional: el MVR cuenta con la mayoría a absoluta para la toma de decisiones, es decir que ese apoyo está blindado contra saltadores de talanquera. Siendo esto así ¿Cómo es posible que el poder de decisión continúe en manos de los chupasangre de las empresas privadas y demás mafias que han usufructuado el poder desde agosto de 1498 cuando Cristóbal Colón desembarcó en Macuro? Veamos algunos hechos:

1.
La Carne: el precio fue regulado desde 2005 en 9.164,oo Bs./Kg. incluido el IVA. Los chupasangre nunca respetaron esa disposición legal y, en los últimos días, han estado vendiendo el producto entre Bs. 16.500,oo y más de Bs. 20.000,oo demostrando un absoluto irrespeto por las autoridades. Tuvo que intervenir el SENIAT en la búsqueda y localización de los alimentos acaparados para que los demás funcionarios, a quienes compete esa actividad, resucitaran y aparecieran dando declaraciones a través de los medios. Y ¿Qué anunciaron? La decisión de premiar a los chupasangre autorizando un nuevo aumento en el precio de la carne equivalente al 38,15% del precio anterior (8.845,oo a 11.722,oo); el índice de inflación —determinado este por aumentos de precio artificialmente impulsados por los chupasangre— al cierre del 2006 fue de 17% lo cual significa que el aumento autorizado representa el 124.4% de la inflación del año 2006 y superior a la inflación acumulada desde agosto del 2002.

Es oportuno recordar que en diciembre de 2004 el Presidente Chávez inauguro una planta industrial para el procesamiento de carne de cerdo financiada con dineros públicos a tasa preferencial. Para esa fecha el kilo de pernil entero se vendía en 4.250,oo Bs./Kg y detallado en 5.600,oo Bs./Kg., pero sucedió que el 2 enero de 2005 la carne de cerdo amaneció a 12.600,oo Bs./Kg., es decir: a más del doble del precio anterior.

Después de haberse coludido con los distribuidores y comerciantes para suspender la venta de carne —y luego de la intervención del SENIAT— el presidente de FEDENAGA se chorreó y lo vimos en TV declarando que “fueron los auto mercados quienes se negaron a vender el producto”. Es obvio que Vielma Mora es el único funcionario a quien respetan.

El Pollo: es el mismo caso anterior, su precio fue fijado, entero, en 1.900,oo Bs./Kg. y los chupasangre decidieron venderlo en 3.900,oo Bs./Kg. hasta que desapareció del mercado el pollo entero y comenzaron a venderlo entre 8.000,o y 14.000,oo Bs./Kg.. Han sido premiados con un aumento a 4.550,oo Bs./Kg. equivalente al 139.5% del precio regulado, más de ocho (8) veces la inflación de 2006 e igual a la inflación acumulada desde mayo de 2002.

La Leche: este caso es peor que los anteriores porque la mayor parte de la leche que consumimos es importada con divisas que los chupasangre reciben al cambio oficial. Observamos que la leche completa desapareció del mercado pero hay abundante existencia de leche “descremada” que es vendida al doble del precio regulado. El gran negocio: venden la mantequilla a 18.000,oo Bs./Kg. y la leche a 14.500,oo Bs./Kg.. Yo me pregunto ¿Cómo es que si el Gobierno entrega las divisas y por lo tanto sabe quienes importan la leche y cuántas toneladas, no puede saber quienes son los acaparadores? Se lo voy a decir: son los importadores, las pasteurizadoras, los distribuidores y los comerciantes que se han coludido para ello porque cuentan con la protección y la complicidad de las instituciones de la República. Es de esperar que el desabastecimiento continúe porque sólo les autorizaron un miserable aumento del 21.6% apenas 4.6 puntos más que la inflación de 2006.

Los huevos: a partir del tercer trimestre de 2006 comenzaron a incrementar el precio (sin razón alguna) desde Bs.1.800,oo la docena hasta el precio actual de Bs. 4.000,oo en empaque de cartón y Bs. 6.000,oo en empaque de plástico (que hace verlos más grandes aunque no lo sean) con el calificativo de “premiun”. Los chupasangre han sido premiados: el precio de la docena fue fijado en Bs. 3.320,oo y el cartón (30 unidades) en Bs. 8.302,oo lo cual representa un aumento del 74,7% superior a la inflación acumulada desde julio de 2003 y 66,0% mayor que la inflación acumulada desde octubre de 2003, respectivamente.

Los nuevos precios han sido anunciados haciendo creer a los ciudadanos que han sido beneficiados con ello, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que se bajaron los pantalones frente los chupasangre de la misma manera que lo hicieron cuando el caso del café.

Los chupasangre están confiados porque desde hace más de dos años las “autoridades” comenzaron a utilizar las expresiones: vamos meter en cintura, investigaremos hasta la últimas consecuencias y caiga quien caiga. En la subcultura de la corrupción esas expresiones significan: tienen garantizada la impunidad absoluta.

Como muestra de impunidad está Mercal: 1er. Delito, quienes operan las bodegas reciben los alimentos y los venden por fuera para especular con el precio; 2do. Delito, quienes venden en la calle están en posesión ilegal del producto pues su comercialización sólo puede ser realizada a través de los establecimientos de Mercal; 3er. Delito, cuando se da el extraño caso de que vendan el pollo, no hay bolsas en establecimiento pero hay un sujeto vendiendo las bolsas a Bs. 300,oo c/u y el encargado del negocio avisa a los clientes: al que no tenga bolsa no se le vende pollo; a esto se le llama extorsión. Esta situación es pública, notoria y flagrante pero las supuestas autoridades de las diferentes instituciones del Estado dicen que es necesario desarrollar y aprobar una nueva Ley para estos delitos.

Otra muestra de impunidad: el Automercado Tracaling Company pone en venta la carne a Bs. 20.000,oo el Kilo; el Indecu pretende que el denunciante se presente en sus oficinas con fotocopia de la cédula de identidad y pierda medio día formulando una denuncia que será carpeteada y engavetada. Sucede que existe una actividad que se conoce con el nombre de fiscalización consistente en que un funcionario, autorizado para ello, se presenta en uno de los establecimientos de Tracaling Company y verifica que está vendiendo la carne por encima del precio regulado violando la Ley; es decir: está en flagrancia, por lo tanto el funcionario debe dirigirse al gerente, en compañía de policías, y sacarlo esposado del negocio. De inmediato deben obligar los chupamedias cómplices de la empresa a remarcar los productos según el precio regulado, posteriormente dirigirse al casa matriz de Tracaling Company y sacar esposados al presidente, gerente general y demás funcionarios responsables por la estafa que, en situación de flagrancia, se está cometiendo en perjuicio de los ciudadanos.


2.
Se ha estado hablando mucho últimamente del problema que representa el congestionamiento del tránsito automotor y la primera solución que asomaron fue proponer el día de parada con lo cual están penalizando a las víctimas del problema y no a quienes lo originan. Este problema debe ser enfocado desde sus orígenes:

La empresa privada y los Concejos Municipales. Basados en una absurda y estúpida autonomía los funcionarios de los concejos municipales se han adjudicado el derecho de enajenar las vías públicas, cambiar la zonificación de zonas residenciales u otorgar permisos de construcción en perjuicio de los ciudadanos. Para ello sólo hace falta que algún chupasangre pague el soborno respectivo y podrá instalar una licorería al lado de un colegio. El permiso para la construcción de grandes centros comerciales es otorgado sin exigir a los promotores del proyecto la construcción de la infraestructura vial necesaria para que su funcionamiento no lo convierta en un factor de perturbación dentro de la ciudad. Podemos citar algunos ejemplos: el CCCT, el Sambil Chacao y el BO Center de Boleíta Norte construido en una calle ciega al final de la cual funciona un depósito de acero para la construcción.

Los establecimientos comerciales. Todo el que monta un venta de cualquier cosa lo primero que hace es robarse la acera y la calle que está frente a su negocio y utilizar esos espacios para estacionamiento de sus clientes. En Sabana Grande rescataron los espacios públicos que se habían robado los buhoneros pero están permitiendo que ahora se lo roben los comerciantes. Caminando por el boulevard observé que uno de los restaurantes colocó mesas y sillas en los espacios recuperados, me acerqué a uno de los policías que, supuestamente, custodiaban el sector y le hice la observación de que no podían permitir que ahora los comerciantes se robaran la vía pública; me respondió: es que éllos están pagando derecho de frente. Es decir aún prevalece la subcultura de asumir que el pago de los impuestos y tributos municipales otorga la propiedad de la vía pública frente al inmueble ¿Qué habrá sido de los planes para enseñar nociones de derecho a los funcionarios policiales? Pero, volviendo al punto, el caso es que el robo de las vías públicas por parte del Sector Comercio de la Economía y el tránsito de carga pesada que genera es un factor principal en el problema que representa el congestionamiento de las vías públicas ¿Porqué no son rescatados los espacios públicos que se han robado los comerciantes y se los obliga a respetar las disposiciones legales vigentes respecto al transporte de carga?

Los ruleteros. El Estado otorga una concesión para la prestación de un Servicio Público de Primera Necesidad, concede al concesionario un financiamiento a tasas muy bajas para la adquisición del vehículo y le entrega un subsidio mensual en dinero efectivo. En cuanto el ruletero recibe el vehículo se lanza por la vías públicas violando todos los artículos de la Ley de Tránsito y de su Reglamento ocasionando la mayor molestia posible a los demás conductores, peatones y usuarios del servicio. Cobra el subsidio y luego se lanza con furia homicida contra cualquier estudiante o anciano que intente subir al vehículo. Incumple con los horarios y con la obligación de transitar sólo por las rutas que le han sido autorizadas al otorgarle la concesión y, cada vez que se le produce un ataque de caspa, en colusión con sus secuaces secuestran a toda una ciudad obstruyendo las vías públicas. Por supuesto que son los principales promotores del día de parada pues en cuanto aumente el número de usuarios exigirán un aumento en las excesivas tarifas que están cobrando. Esta gente representa otro de los factores principales generadores del congestionamiento vial. Si en este país existiese eso que llaman “autoridad”, se los obligaría a respetar las leyes y las condiciones bajo las cuales aceptó la concesión que se le otorgó. De persistir en su conducta sociópata, se le debe retirar la concesión y el Estado ocupar el vehículo hasta que pueda ser sustituido. La solución ideal es otorgar la concesión sólo a personas jurídicas de manera que sea posible exigir al colectivo de la empresa supervisar la conducta de sus sociópatas asociados o perder la concesión y quedar todos fuera.

Los motorizados. Esta gente es una verdadera plaga maligna. De hecho, constituyen una horda de sociópatas dispuestos a agredir en "patota" a cualquier persona que les reclame alguna ofensa y que se desplazan por las vías publicas violando todas leyes vigentes y las que están por ser creadas; que circulan por las aceras y por cualquier área de uso exclusivo para los peatones, por las áreas verdes de los parques y plazas e inclusive por los pasillos de la UCV. Si se llegare a dar el caso de que alguna autoridad intentare aplicarles la Ley, entonces secuestran a todos los ciudadanos de la ciudad ocupando la vías públicas y auto calificándose de "humildes padres de familia" que están siendo atropellados. En Venezuela hemos creado un engendro infernal: ruleteros motorizados que combinan su conducta sociopática con la de los ruleteros. Estos tipos no son recuperables y la única solución para este caso es proscribirlos, lo cual es relativamente fácil sólo con aplicar la ley vigente: primero multarlos, cada vez que cometan una infracción se le pegan sus diez unidades tributarias por el pecho. Cualquiera de estos sociópatas fácilmente acumula 1.000 multas en una semana equivalentes a Bs. 37.632.000,oo; segundo, demandarlos por cobro de bolívares, al incumplir el pago de las multas, y embargarles la motocicleta; tercero, destruir la motocicleta utilizando las piezas de plástico para rellenos sanitarios y las partes de metal, trituradas, venderlas como chatarra a la siderúrgica con el fin de ir sacando de circulación a esos artefactos infernales. Al proscribir las motocicletas no sólo se estaría contribuyendo a solucionar el problema del congestionamiento vial, también a mejorar la salud de los ciudadanos. Es necesario tener presente que, en el 90% de los casos, la necesidad de disponer de un mensajero motorizado reside en la ineficiencia y la falta de planificación de las actividades administrativas.

El metro: el día de hoy en la mañana intenté viajar desde la Estación Artigas hasta Zona Rental y después de esperar quince (15) minutos desistí y salí del sistema. Antes de salir a la calle pregunté a un empleado qué estaba pasando y me respondió: nada ese es el tiempo de espera normal. Durante el tiempo que estuve esperando pasaron cuatro (4) trenes con dirección Zoológico \ Las Adjuntas y yo me pregunto ¿Dónde tenían esos trenes que no los despachaban? ¿Habrán comenzado de nuevo las jornadas de saboteo para que les aumentemos el sueldo? Trasladarme de mi casa a la estación me toma 5 minutos más 15 minutos esperando el tren, más otros 15 minutos (por lo menos) para llegar a Zona Rental suman 35 minutos. De haber utilizado mi carro habría llegado a mi destino en 20 minutos. ¿Cómo pretende el gobierno que los ciudadanos desistamos de usar nuestro vehículo particular? Subir a uno de esos camiones de cochino conocidos por el seudónimo de autobusetas por puesto representa el riesgo de sufrir una lesión en la cintura o la cadera o quedar medio sordo después de estar sometido al estruendo musical del ruletero. Subir a un taxi significa que nos entierren un chuzo oxidado de 20.000,oo bolívares por un traslado de 6 o 7 kilómetros.


Por todo esto me pregunto ¿Quién gobierna en este país?

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About Ricardo Abud (Chamosaurio)

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