Marco Rubio, el apellido hispano y la política antivenezolana


Por Ricardo Abud

(Del despojo de la protección migratoria al control del petróleo venezolano)

Hay decisiones que retratan a un político mejor que cien discursos. Las de Marco Rubio frente a Venezuela me dejan una pregunta incómoda: ¿qué queda de la solidaridad hispana cuando alguien usa su poder para dañar a cientos de miles de latinoamericanos y para poner el petróleo venezolano bajo vigilancia de Washington?

Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y ha levantado buena parte de su carrera sobre esa historia familiar. Pero un apellido hispano no garantiza solidaridad, fraternidad ni sensibilidad humana. Sus decisiones sobre Venezuela merecen un juicio severo.

Once días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el 31 de enero de 2025, Rubio le escribió como secretario de Estado a Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional. Recomendaba terminar la designación de Venezuela en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Su argumento: que los venezolanos permanecieran temporalmente en Estados Unidos iba contra el interés nacional, y la política exterior debía priorizar frenar la migración masiva y asegurar las fronteras.

La carta no incluye ningún análisis actualizado de la situación política, económica y humanitaria de Venezuela que justificara quitar esa protección. Cientos de miles de personas que huyeron de la persecución, la inseguridad y el hundimiento económico quedaban expuestas a la deportación. Noem ejecutó la decisión, pero la recomendación lleva la firma de Rubio.

A mí me indigna todavía más porque el propio Rubio había advertido antes del peligro que corrían los venezolanos bajo Nicolás Maduro. ¿Cambió Venezuela en esos días o cambió la conveniencia política de quienes llegaron al poder? Alguien debería responder.

No juzgo a Rubio por su ascendencia cubana. Su origen no lo obliga a representar a todos los hispanos ni a pensar como ellos. Que sea republicano, conservador o partidario de Trump tampoco me preocupa, porque cada ciudadano tiene derecho a sus convicciones. Juzgo lo que decide.

Lo que me cuesta conciliar es su historia con sus actos. Rubio conoce los exilios latinoamericanos, las dictaduras, la persecución, lo que significa que una familia abandone su país para buscar seguridad en otro. Aun así predica la defensa de la libertad y respalda una política que desprotege a gente que escapó de un régimen autoritario. La solidaridad se demuestra con actos.

Hay un segundo frente, el económico. En enero de 2026, después de la intervención estadounidense que terminó con la captura de Maduro, el Gobierno de Trump creó un mecanismo para depositar los ingresos de las ventas de petróleo venezolano en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro. Washington lo reconoce oficialmente.

El 12 de noviembre de 2026, Reuters publicó datos de un informe de la auditora KPMG que divulgó el Departamento de Estado. En los primeros nueve meses de 2026, Estados Unidos administró más de 12.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo y otros recursos naturales venezolanos. Según el informe se desembolsaron 12.110 millones: la mayor parte fue a subastas de divisas administradas por las autoridades venezolanas, y 133 millones a pagar directamente a proveedores de servicios del Gobierno venezolano.

El mismo informe dice que esos fondos son propiedad soberana de Venezuela, pero siguen bajo custodia y disposición condicionada por mecanismos estadounidenses. Rubio determina los destinos autorizados. Un funcionario extranjero decide cómo se gasta el dinero de otro país. ¿Desde cuándo la soberanía económica de una nación depende de la firma de un secretario de Estado ajeno?

El 31 de agosto de 2026 la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero con North American Blue Energy Partners (NABEP). El comunicado oficial menciona derechos estadounidenses sobre grandes reservas venezolanas, una participación de 35 % para una entidad del Departamento de Guerra y el derecho a comprar al costo de producción el 20 % del petróleo de los campos incluidos. Washington lo presenta como la reconstrucción de la industria petrolera. Yo quiero saber quién negocia, quién controla, quién se queda con los beneficios y en qué condiciones se dispone de la riqueza de los venezolanos.

La Casa Blanca habla de inversión y modernización, y también de garantizar el suministro energético de Estados Unidos y consolidar su dominio económico sobre una parte sustancial de esas reservas. Eso lo dice el propio comunicado. No hace falta interpretarlo.

El 16 de septiembre, varios senadores pidieron explicaciones sobre el destino de los ingresos petroleros depositados en cuentas del Gobierno estadounidense y advirtieron riesgos de corrupción, desvío de fondos y uso político de los recursos venezolanos. El 1 de octubre, otros senadores cuestionaron el acuerdo con NABEP: su fundamento jurídico, la falta de transparencia y los posibles conflictos de intereses de la empresa beneficiaria.

Sin pruebas no puedo afirmar que esos ingresos hayan sido robados. Sí puedo decir que hay un problema serio de soberanía, transparencia y rendición de cuentas, y que compromete a Rubio, porque participa en la administración de esos recursos desde la Secretaría de Estado.

Rubio recomienda quitarle la protección migratoria a cientos de miles de venezolanos que buscaron refugio en Estados Unidos. Y forma parte de un gobierno que puso bajo control estadounidense los ingresos de la principal riqueza natural de Venezuela. Se golpea la estabilidad de quienes emigraron y se condiciona el uso de los recursos de quienes se quedaron.

¿Dónde quedan la autodeterminación y el respeto a la soberanía? ¿Dónde queda esa defensa de la libertad que tantos políticos estadounidenses invocan cuando hablan de Venezuela? Es difícil defender la libertad de un pueblo mientras se le niega la capacidad de decidir sobre sus propios recursos. Y llamar humanitaria a una estrategia que deja a miles de familias migrantes con miedo a la deportación no se sostiene.

La reconstrucción no debería servir de excusa para una dependencia indefinida, y menos para legitimar acuerdos cuya legalidad, transparencia y reparto de beneficios siguen en cuestión.

Esa dependencia no se impuso sola: el gobierno encargado de Delcy Rodríguez la ha facilitado. En enero, funcionarios estadounidenses citados por CNN dijeron que Caracas debía asociarse en exclusiva con Washington para producir petróleo y favorecer a sus empresas en las ventas futuras, y Trump escribió que el dinero de esas ventas lo controlaría él. En vez de resistirse, el gobierno de Rodríguez anunció en febrero, tras reunirse con el secretario de Energía Chris Wright, una "asociación productiva a largo plazo"; PDVSA confirmó que negociaba la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos, y en agosto se presentó el acuerdo sobre 17 campos y 65.000 millones de barriles que Trump describe como control mayoritario estadounidense. Quienes hablan de complicidad señalan esa distancia: un gobierno que invoca la soberanía celebra como cooperación comercial lo que su socio presenta como dominio, y Trump puede decir que la relación es excelente sin que nadie en Caracas lo desmienta.

¿Dónde quedan la autodeterminación y el respeto a la soberanía? ¿Dónde queda esa defensa de la libertad que tantos políticos estadounidenses invocan cuando hablan de Venezuela? Es difícil defender la libertad de un pueblo mientras se le niega la capacidad de decidir sobre sus propios recursos. Y llamar humanitaria a una estrategia que deja a miles de familias migrantes con miedo a la deportación no se sostiene.

La reconstrucción no debería servir de excusa para una dependencia indefinida, y menos para legitimar acuerdos cuya legalidad, transparencia y reparto de beneficios siguen en cuestión.

No defiendo a Maduro ni justifico la corrupción del gobierno ni olvido a quienes destruyeron buena parte de la capacidad productiva del país. La crisis venezolana no empezó con Trump ni con Rubio: décadas de corrupción, improvisación económica, destrucción institucional y malas políticas petroleras llevaron al país hasta aquí. Pero reconocerlo no obliga a aceptar que una potencia aproveche la debilidad de Venezuela para imponer condiciones económicas y energéticas pensadas sobre todo para sus propios intereses. Defiendo el derecho de nosotros los venezolanos a decidir nuestro futuro sin que otro país administre su riqueza por tiempo indefinido.

La carta del 31 de enero de 2025 es evidencia documental de la posición de Rubio frente a los venezolanos con TPS. Su papel en la administración de los ingresos petroleros y en los acuerdos energéticos de 2026 lo ubica en el centro de una política que condiciona la soberanía económica venezolana. Los venezolanos, dentro y fuera del país, tienen derecho a exigirle explicaciones.

 Aprovechar la debilidad de una nación para quedarse con su capacidad de decidir merece condena.

Rubio podrá llevar un apellido hispano, pero el apellido no da solidaridad con los pueblos latinoamericanos. La dan las decisiones, y las suyas frente a Venezuela merecen una condena política firme y documentada. Venezuela no necesita cambiar de amo. Necesita recuperar su soberanía, su democracia, sus instituciones y el derecho de sus ciudadanos a beneficiarse de la riqueza que les pertenece.

Nota: La carta figura en el expediente administrativo del caso National TPS Alliance v. Noem, en el Distrito Norte de California, como Docket No. 104-4 (ECF Page 75). Ahí SE puede pedir o buscarla por ese número en CourtListener o PACER. 

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