Sondeos apuntan que persiste en Bolivia la impopularidad del presidente Rodrigo Paz.
Encuestas privadas en Bolivia ubican por encima del 80 por ciento la desaprobación al presidente Rodrigo Paz, al cumplirse un año de gestión, marcado por el ajuste pactado con el FMI.
El deterioro de la popularidad gubernamental responde de manera directa a la ejecución de recortes y los escándalos sobre corrupción y contrabando que implican al entorno cercano del presidente Paz, asociado al caso Cerimedo.
Comerciantes afirman que sus ventas diarias funcionan como termómetro de la economía nacional y del desempeño del Ejecutivo, resaltando que "la economía no está moviéndose como debe ser".
Los vendedores piden que el Gobierno controle a los abarroteros, a los grandes negocios y a quienes traen mercadería.
Asimismo explican que esos actores, suben los precios y no los bajan, y por eso los clientes ya no compran con la misma soltura.
La desazón por el encarecimiento sostenido y la inestabilidad económica concentra las críticas, justo cuando Rodrigo Paz cumple este ocho de noviembre su primer año de gestión, el malestar se escucha en la calle.
El deterioro de la popularidad gubernamental responde de manera directa a la ejecución de un riguroso programa económico acordado con el FMI, el cual contempla la eliminación de subsidios estatales y la flotación del dólar en función de la demanda.
Analistas y dirigentes sindicales advierten que estas políticas neoliberales transfieren el costo de la crisis a las capas trabajadoras, profundizando la dependencia de los centros financieros del Norte.
Corrupción marca gobierno de Rodrigo Paz
A este panorama de tensión social se suman continuas revelaciones de presuntos hechos de corrupción que salpican a las más altas esferas del Ejecutivo, principalmente a las asociadas al caso Cerimedo, erosionando severamente la base de sustentación política del mandatario boliviano.
Con un rechazo que supera el 80 por ciento en los sondeos, el Gobierno enfrenta el repudio tanto del comercio minorista y los sindicatos como de amplios sectores que denuncian la pérdida de soberanía económica.
Las denuncias sobre posibles vínculos e irregularidades que comprometen a altos funcionarios con redes de corrupción y contrabando agravan la gobernabilidad del Ejecutivo en su aniversario en el poder.
Agencias
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