Sindicatos, docentes de Fecode, estudiantes y comunidades indígenas marcharon en Bogotá y otras ciudades para rechazar el decreto 1525.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella apenas suma dos meses en el poder y este miércoles 14 de octubre encaró un gran desafío en las calles que encarnan el rechazo popular a su gestión. En un escenario de alta tensión política y social, miles de personas marcharon por Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Riohacha para expresar un rechazo frontal a la agenda económica y de seguridad del Ejecutivo, al encarecimiento de la vida, el repunte de la violencia, el retroceso de conquistas sociales y los intentos de criminalizar y coaccionar el derecho a la protesta.
La convocatoria reunió a sindicatos, colectivos de estudiantes, centrales obreras y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La amplitud de la alianza, que abarcó desde el movimiento docente hasta las comunidades originarias, marcó el tono de una jornada que desbordó la capital y se replicó en seis ciudades del país.
En la movilización de Bogotá se espera la presencia del expresidente Gustavo Petro con referentes del progresismo. Los manifestantes subrayaron la índole pacífica de la protesta frente a los señalamientos difundidos desde la Casa de Nariño que intentan deslegitimar los reclamos de la sociedad civil colombiana.
El detonante fue el decreto 1525, firmado por De la Espriella, la norma fija reglas para el accionar de la fuerza pública en las concentraciones y habilita a las autoridades a disolverlas ante alteraciones graves. Los gobiernos locales respondieron con un amplio despliegue de uniformados en las principales ciudades.
La oposición interpretó ese operativo como un intento de condicionar de antemano el derecho a manifestarse. Esa lectura tensó aún más una jornada que los organizadores habían anunciado como expresión de malestar acumulado por el costo de vida y el desmonte de programas sociales.
El descontento no se limita al decreto. Los sectores movilizados cuestionan el conjunto de las primeras decisiones del Ejecutivo, al que acusan de desmantelar conquistas sociales y de encarecer la vida cotidiana de las mayorías.
Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, salió en defensa de la educación pública y de la salud del magisterio. El gremio reclamó además la reconstrucción de la infraestructura escolar afectada por emergencias anteriores, como el sismo y réplicas registradas en el valle del Cauca, y denunció la estigmatización que sufre el sindicalismo docente.
Las comunidades indígenas y campesinas, por su parte, rechazaron los megaproyectos y las medidas económicas que ponen en riesgo sus territorios ancestrales. Desde el CRIC advirtieron que la administración de De la Espriella procura quebrar la autonomía de sus organizaciones.
La agenda económica concentró buena parte del descontento. El encarecimiento de la vida y las políticas que, según los organizadores, erosionan derechos adquiridos, empujaron a las calles a trabajadores de distintos sectores productivos.
Las protestas en Colombia adquieren así la dimensión de un primer gran pulso social contra el Ejecutivo, apenas dos meses después del inicio de su gestión. Las centrales obreras y los movimientos populares enmarcan el conflicto en la defensa de conquistas históricas frente a una agenda que consideran regresiva.
Autor: teleSUR - er - JML
Fuente: teleSUR - Agencias
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