El caso involucra al exgobernador del norteño estado Baja California (1989-1995), Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló el desmantelamiento de una amplia red de contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos, cuyo daño económico asciende a más de 4.000 millones de pesos, cerca de 229 millones de dólares.
El caso involucra al exgobernador del norteño estado Baja California (1989-1995), Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su captura fue resultado de una investigación que incluyó diligencias ministeriales, fiscales, aduaneras, financieras y ferroviarias.
De acuerdo con la FGR, la red operaba mediante la introducción de hidrocarburos con documentación falsa o alterada, lo que permitió reducir de manera ilícita las cantidades declaradas en las aduanas mexicanas.
Las pesquisas determinaron que en las 4.238 operaciones de importación realizadas, los implicados reportaban apenas un 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque, utilizando cruces fronterizos en Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La operación ilegal se desarrollaba a través de empresas vinculadas con Ruffo Appel, dedicadas a servicios portuarios y de dragado, así como a la importación de derivados del petróleo. Según la FGR, estas compañías “declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los transportados”.
El caso no se limita al exgobernador. Las investigaciones también señalaron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien habría mantenido vínculos cercanos con altos funcionarios federales.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada destacó que se trata de la “más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, la cual utilizaba carros-tanque ferroviarios para sus operaciones ilícitas.
Este esquema de corrupción se inscribe dentro de lo que en México se conoce como “huachicol fiscal”, modalidad que ha generado pérdidas millonarias al erario en los últimos años y que continúa siendo objeto de investigaciones federales.
Autor: TeleSUR: ems - JGN
Fuente: La Jornada - Agencias
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