Por: Ricardo Abud
Un análisis del escándalo fiscal más grande en la historia presidencial de Estados Unidos
La filtración que lo reveló todo
Todo comenzó con una fuga de información sin precedentes. Entre 2019 y 2020, Charles Littlejohn, un contratista del IRS que trabajaba a través de la firma Booz Allen Hamilton, extrajo ilegalmente y entregó a medios de comunicación lo que el sistema tributario estadounidense había protegido durante años: las declaraciones fiscales de Donald Trump y de cientos de miles de contribuyentes adinerados.
Lo que revelaron esos documentos fue devastador. Trump pagó únicamente $750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, el año en que ganó la presidencia, y otros $750 en 2017, su primer año en la Casa Blanca.
Pero la cifra de $750 era apenas la punta del iceberg. Trump no había pagado impuesto federal alguno en 10 de los 15 años anteriores, argumentando que perdía más dinero del que ganaba. En total, no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años que examinó el New York Times.
Las revelaciones también eran geopolíticamente preocupantes: Trump ganó $73 millones en el extranjero durante sus primeros dos años en la Casa Blanca, incluyendo ingresos de países de tendencia autoritaria como Filipinas y Turquía, a pesar de su promesa de no cerrar nuevos acuerdos internacionales mientras ejerciera la presidencia.
En lugar de responder por sus finanzas ante la opinión pública, Trump eligió el ataque. El 29 de enero de 2026, Trump presentó una demanda de $10 mil millones de dólares contra el IRS y el Departamento del Tesoro, acusando a las agencias de permitir la filtración no autorizada de sus declaraciones fiscales.
La demanda alegó que el IRS es legalmente responsable por las acciones de Littlejohn, quien tenía "acceso similar al de un empleado" a las declaraciones fiscales e información confidencial, y aprovechó fallas de seguridad de larga data que el IRS había sido advertido de corregir, pero no lo hizo.
El senador Ron Wyden no tardó en reaccionar con dureza. Wyden declaró: "Donald Trump es un tramposo y un estafador en su esencia, y que abuse de su cargo para intentar robar $10 mil millones del contribuyente estadounidense es un acto de corrupción desvergonzado y repugnante. Mientras Trump weaponiza las leyes de privacidad fiscal para su propio beneficio, su Departamento del Tesoro está violando esas mismas leyes exactas".
Los senadores Wyden y Warren alertaron que el Secretario del Tesoro, Bessent, y la Fiscal General, Bondi, podrían estar coordinándose con Trump para entregarle un acuerdo financiado por los contribuyentes, calificando la demanda como "un acto desvergonzado y transparente de corrupción que debería hacer girar la cabeza de cualquier estadounidense".
El 18 de mayo de 2026 llegó lo que muchos expertos jurídicos consideran el acuerdo más escandaloso en la historia del sistema legal estadounidense. Trump firmó un acuerdo de conciliación con el Departamento de Justicia para poner fin a su demanda de $10 mil millones. Este acuerdo calificado como "un abuso pasmoso del sistema fiscal y legal" creó un fondo secreto que permite pagos a los aliados políticos de Trump.
Las condiciones del acuerdo fueron sin precedente histórico:
1. Inmunidad fiscal permanente. La administración Trump prohibió permanentemente al IRS auditar las declaraciones del presidente, sus hijos, su compañía o cualquier fideicomiso afiliado.
2. El fondo de los aliados. El acuerdo estableció un fondo de $1,776 millones de dólares para individuos que alegan que el DOJ fue utilizado como arma contra ellos.
3. Una amnistía general encubierta. El addendum de una sola página resulta tan expansivo que efectivamente funciona como un perdón civil preventivo universal algo sin precedentes en el sistema legal estadounidense, para cualquier conducta indebida cometida por la familia Trump, la Organización Trump y todas las entidades relacionadas, ya sea conocida o desconocida por el gobierno, ocurrida antes del 19 de mayo de 2026.
Bajo el acuerdo, el IRS queda "permanentemente inhabilitado" para perseguir "cualquier y todas las reclamaciones" que hayan sido o pudieran haber sido presentadas contra Trump antes de la firma del acuerdo.
El excomisionado del IRS John Koskinen señaló que la amplitud de la inmunidad levanta una pregunta inevitable: ¿qué hay en esas declaraciones que hace tan importante protegerlas? Señaló que el caso original tenía serios problemas jurídicos: el plazo legal había vencido y la demanda fue presentada contra la entidad equivocada. PBS
El caso puso en evidencia otra contradicción flagrante. Mientras Trump invocaba leyes de privacidad fiscal para protegerse a sí mismo, su propio Departamento del Tesoro estaba violando esas mismas leyes al enviar decenas de miles de registros fiscales individuales a sus agentes de inmigración del ICE.
Lo que comenzó como la revelación de que el hombre más poderoso del mundo pagaba menos impuestos que un trabajador de salario mínimo, terminó en algo mucho más grave: la captura del propio aparato fiscal del Estado.
Trump no solo evitó rendir cuentas. Usó la demanda como palanca para obtener impunidad permanente, blindar a sus aliados con un fondo millonario y doblegar a la agencia que tiene la misión constitucional de garantizar que todos incluso los presidentes, paguen lo que deben.
El acuerdo ha sido calificado como "un abuso pasmoso del sistema fiscal y legal" por analistas jurídicos, y recibió críticas no solo de demócratas, sino también de senadores republicanos y del propio juez que supervisa el caso, por sus circunstancias poco ortodoxas y sin precedentes en la historia estadounidense.
La pregunta que queda flotando es la misma que el IRS ya no puede responder: ¿qué hay realmente en esas declaraciones de impuestos que valía tanto proteger?
Artículo basado en reportes verificados de NPR, CBS News, CNN, PBS NewsHour, el Center for American Progress y Wikipedia.
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