La procuradora general de la República, Arianna Seijo, reafirmó la postura histórica de Venezuela de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único marco jurídico válido para alcanzar una solución a la controversia sobre la Guayana Esequibo y pidió que se respete su validez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Durante la presentación de las observaciones finales en la Haya, Seijo subrayó que Guyana intenta distorsionar el objeto de la controversia al pretender validar un laudo nacido del fraude.
"Afirmar la validez del Laudo de 1899 perpetuaría un resultado colonial profundamente ilícito. Las partes, al suscribir el Acuerdo de Ginebra, sustituyeron ese marco fraudulento por uno nuevo destinado a la resolución práctica de la controversia", afirmó.
La representante venezolana recordó que el acuerdo de 1966 no es solo una norma de derecho internacional, sino la norma que ambas naciones se impusieron a sí mismas para dejar atrás la coerción estructural del Reino Unido durante el periodo de descolonización.
La procurdora también denunció una grave violación al principio de "igualdad de armas" en el proceso, revelando que el Reino Unido ha cooperado de forma selectiva con Guyana.
De acuerdo con documentos desclasificados de los archivos británicos (referencia FCO 63/477), "Londres otorgó acceso restringido a material confidencial a los asesores de Guyana, mientras se lo negaba sistemáticamente a Venezuela", enfatizó.
Asimismo, reiteró que Venezuela está dispuesta a resolver la controversia territoria, pero debe lograrse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la controversia: el Acuerdo de Ginebra y su mandato de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria.
Por otra parte, la funcionaria venezolana lamentó los "ataques y descalificaciones personales" vertidos por el equipo legal de Guyana contra la defensa venezolana.
"No voy a entrar en las tácticas de Guyana que son poco elegantes e inapropiadas y que carecen de la dignidad que se espera en este tipo de procedimientos, especialmente para un Estado que afirma respetar el derecho internacional", señaló.
Agencias
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