La movilización fue convocada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), cuyo vocero, Samuel Ramírez, afirmó que “este es un genocidio, lo que el Gobierno está tramando: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales.
Cerca de un centenar de familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 realizaron el domingo una protesta en San Salvador para denunciar irregularidades en los procesos penales masivos y exigir la liberación de quienes consideran inocentes.
Los manifestantes, vestidos con camisetas que mostraban los nombres y rostros de sus seres queridos y portando pancartas con consignas como “Defendemos inocentes, no delincuentes”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Libertad para los inocentes”, marcharon por las principales calles de la capital hasta concentrarse en el Centro Histórico.
La movilización fue convocada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), cuyo vocero, Samuel Ramírez, afirmó que “este es un genocidio, lo que el Gobierno está tramando: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales. Eso es lo que ha hecho el régimen de excepción”.
Estas protestas se realizan contra la reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023 que permite la realización de procesos penales masivos contra supuestos miembros de pandillas.
Ramírez denunció que “no hay intención de este gobierno de liberar a los inocentes” y criticó que “no pudieron encontrar delito individualmente, caso por caso”. Aseguró que “el nivel de pruebas es casi nulo”, que “no permiten testigos de descargo o que den fe de la inocencia”, y que los abogados defensores no reciben notificación oportuna sobre las audiencias.
Además, Ramírez señaló que “no le han permitido a la familia presentar arraigos, donde están todos los documentos que comprueban que era una persona trabajadora, un buen vecino, un buen padre, muy responsable. Solo vale lo que dice la fiscalía. Entonces, es una nueva trampa para justificar la condena masiva”.
El régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele como medida central contra las pandillas, ha permitido la detención de más de 90 000 personas, según cifras oficiales. No obstante, el propio Gobierno ha reconocido la detención de al menos 8 000 inocentes.
Organizaciones humanitarias han documentado más de 6 400 denuncias de violaciones a derechos humanos y reportado la muerte de más de 480 personas en custodia estatal. La medida, aunque respaldada por amplios sectores de la población, ha sido cuestionada internacionalmente por su impacto en garantías constitucionales.
Autor: teleSUR - eql - SH
Fuente: Agencias
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