Las demandas por la liberación de cientos de personas que siguen en prisión tras el estallido social de octubre de 2019 cobran hoy fuerza en Chile luego del plebiscito del 25 de octubre.
Este viernes, cientos de personas chocaron con fuerzas policiales en la céntrica Plaza de la Dignidad (Baquedano) a donde acudieron para manifestarse por la liberación de esos presos, la mayoría jóvenes que se encuentran en prisión preventiva desde entonces, sin haber cometido delitos que justifiquen esa medida.
Durante la manifestación en la cual los enfrentamientos se prolongaron por horas entre manifestantes y un fuerte contingente policial que trató de desalojarlos con chorros de agua y gases lacrimógenos, resultaron detenidas al menos una veintena de personas.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en declaraciones a Prensa Latina, señaló que el plebiscito del 25 de octubre fue un logro del movimiento popular que se manifestó en las calles durante meses y del cual fueron protagonistas muchos de los que hoy siguen presos.
Lira, quien encabezó más temprano una protesta con el mismo objetivo, denunció además que el gobierno no se ha hecho cargo de su responsabilidad por la fuerte represión policial que provocó, durante el estallido social y meses posteriores, miles de heridos, entre ellos cientos que sufrieron graves traumas oculares por perdigones lanzados por carabineros.
En los últimos días han cobrado fuerza las demandas y gestiones para que sean libreados cientos de jóvenes presos.
Para las fuerzas políticas y sociales que pugnan por su liberación, resulta incongruente que sigan en prisión, más aún tras la victoria del Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución, trascendental acontecimiento que fue resultado, precisamente, de las grandes movilizaciones populares generadas por el estallido social.
Entre las numerosas iniciativas, legisladores de varios partidos de oposición presentaron esta semana un proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal que sufrieron la violación de sus derechos humanos.
Por su parte, la bancada del Partido Comunista en el Congreso, exigió una amnistía para los presos de la revuelta. Y en igual medida se pronunciaron partidos del frente Amplio.
El Gobierno, por su parte, rechaza cualquier medida de ese tipo, y el ministro portavoz, Jaime Bellolio, señaló que la legislación penal establece sanciones para esas personas y que indultarlas, sería validar la violencia.
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