Sin ninguna evidencia de corrupción o crímenes de responsabilidad, Rousseff fue destituida del cargo el 31 de agosto de 2016 y con ella el PT y otras fuerzas de izquierda.
Gobiernos y movimientos políticos y sociales, que califican la acción de golpe de Estado, insisten en que constituyó un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió.
'Pasados cuatro años, Brasil está sumido en el caos social, económico, político e institucional; el desdoblamiento del golpe (juicio político) nos llevó al Gobierno (Jair) de Bolsonaro, que apuesta por destruir el Estado nacional y transformar Brasil en una colonia agro-exportadora', alerta el PT en una nota publicada en su página oficial.
Señala que esa fecha de la asonada pasará a la historia de Brasil como un hito en la tragedia institucional, política, económica y social en la que se vio sumido el país.
Ese día, recalca, 'Brasil fue testigo de la consumación del golpe parlamentario, legal y mediático, basado en un proceso vergonzoso sin ninguna prueba. Más de tres meses después de la apertura del proceso que destituyó temporalmente a Dilma, el Senado concluyó un juicio de cartas marcadas, por un puntaje de 61 a 20'.
La organización política reitera que hubo un golpe de Estado de nuevo estilo, con el apoyo del sistema financiero y de la industria petrolera, que quitó del poder a Rousseff, quien fue elegida en 2014 con 54 millones de votos, la primera mujer en tomar el mando del país.
El PT lamenta que pasaron cuatro años desde el golpe, 'un día en el que la élite política preparó el camino para el desmantelamiento y el colapso que creó (Jair) Bolsonaro'.
Subraya que 'el Gobierno de ultraderecha de Bolsonaro es, en última instancia, el producto final del golpe de Estado'.
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