El Ministro de Gobierno de facto boliviano, Arturo Murillo, amenazó públicamente a la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia, que llegó ayer a Bolivia y fue demorada por la policía.
En una clara alusión a dicha delegación, el funcionario dijo que había “extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiar el país”, a quienes les advirtió que “anden con cuidado” porque “los estamos mirando, los estamos siguiendo”.
Ayer, cuando llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, los integrantes de la Delegación fueron perseguidos e insultados por militantes del Gobierno de facto de Bolivia. Algunos de los referentes fueron demorados e interrogados por la Policía. Tuvo que intervenir el cónsul argentino en Bolivia.
El objetivo de la delegación es trabajar con las familias víctimas e instituciones civiles y de la iglesia católica para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos hoy en Bolivia, que luego presentarán ante organismos internacionales de derechos humanos.
“El Mercosur tiene una carta democrática frente a la cual vamos a exponer las violaciones a los derechos humanos en Bolivia que son sistemáticas: hay muertos, heridos y desaparecidos. Necesitamos que los órganos internacionales no respondan a intereses políticos sino a la defensa de la democracia”, dijo Juan Grabois, tras el episodio en el aeropuerto.
Según afirmó, el trabajo de la delegación no debería “ser objeto de molestia de nadie si realmente no tienen nada que ocultar como dicen”. El referente hizo responsable al Gobierno de Jeanine Ánez por la seguridad de los integrantes de la comitiva.
La delegación comenzó a recoger testimonios de violaciones a los derechos humanos
«Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo boliviano», escribió la Delegación Argentina de Solidaridad con el pueblo boliviano en su cuenta de Twitter, luego de las amenazas del gobierno boliviano.
Integran la delegación: Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Roberto Carlés (Secretario Asociación Latinoamericana de Derecho Penal), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Daniel Catalano (Secretario General ATE CAPITAL), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Juan Monteverde (Consejal Rosario) Luis Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, Federico Fagioli, referente territorial y Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas.
En una clara alusión a dicha delegación, el funcionario dijo que había “extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiar el país”, a quienes les advirtió que “anden con cuidado” porque “los estamos mirando, los estamos siguiendo”.
El objetivo de la delegación es trabajar con las familias víctimas e instituciones civiles y de la iglesia católica para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos hoy en Bolivia, que luego presentarán ante organismos internacionales de derechos humanos.
“El Mercosur tiene una carta democrática frente a la cual vamos a exponer las violaciones a los derechos humanos en Bolivia que son sistemáticas: hay muertos, heridos y desaparecidos. Necesitamos que los órganos internacionales no respondan a intereses políticos sino a la defensa de la democracia”, dijo Juan Grabois, tras el episodio en el aeropuerto.
Según afirmó, el trabajo de la delegación no debería “ser objeto de molestia de nadie si realmente no tienen nada que ocultar como dicen”. El referente hizo responsable al Gobierno de Jeanine Ánez por la seguridad de los integrantes de la comitiva.
La delegación comenzó a recoger testimonios de violaciones a los derechos humanos
«Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo boliviano», escribió la Delegación Argentina de Solidaridad con el pueblo boliviano en su cuenta de Twitter, luego de las amenazas del gobierno boliviano.
Integran la delegación: Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Roberto Carlés (Secretario Asociación Latinoamericana de Derecho Penal), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Daniel Catalano (Secretario General ATE CAPITAL), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Juan Monteverde (Consejal Rosario) Luis Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, Federico Fagioli, referente territorial y Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas.
FyF/Pagina12/Chamosurio
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