Washington, 5 ago (PL) El alcalde de Chicago, Rahm Emmanuel, prevé presentar una demanda federal contra el gobierno estadounidense por su amenaza de retener subvenciones de seguridad pública destinadas a las llamadas ciudades santuario, difundieron hoy medios locales.
En una entrevista radial que emitirá mañana de forma íntegra la emisora WLS radio-890, el líder demócrata señaló que consideran ilegal e inconstitucional ser coaccionados por medidas de ese tipo.
No vamos a subastar nuestros valores como ciudad, así que el lunes por la mañana iremos a los tribunales, llevaremos al Departamento de Justicia a las cortes basados en esto, apuntó Emmanuel en fragmentos citados también por el diario Chicago Tribune.
La principal urbe del estado de Illinois argumentará que el fiscal general, Jeff Sessions, no puede retener fondos de los Programas de Becas de Asistencia Judicial Edward Byrne a aquellas ciudades que limitan su cooperación con las solicitudes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Chicago planea comprar vehículos de policía con 3,2 millones de dólares de esa iniciativa, que para los gobiernos locales constituye una fuente de lucha contra el crimen.
Pero Sessions anunció en julio que los lugares interesados en la subvención no debían ser ciudades santuario, nombre con el cual se conoce a las jurisdicciones estatales y locales que se niegan a colaborar con los agentes de inmigración para detener a indocumentados.
Según el fiscal general, esos territorios perderían el dinero si no dan aviso previo cuando personas sin papeles estén a punto de ser puestas en libertad bajo custodia y si no permiten a los agentes de inmigración el acceso a las cárceles.
A partir de ahora, el Departamento solo proporcionará becas Byrne a las localidades y estados que cumplan con la ley federal, permitan la entrada a los centros de detención y comuniquen con 48 horas de antelación antes de liberar a un extranjero ilegal deseado por las autoridades federales, manifestó.
Chicago es considerada santuario, entre otras razones, porque su legislación prohíbe a la policía proporcionar a los funcionarios del ICE acceso a quienes están bajo custodia, a menos que se les solicite una orden penal o que tengan condenas criminales graves.
oda/mar
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