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¿Trancazos o estado de excepción?

La teoría general del estado de excepción describe un momento de emergencia donde la ley no existe o queda suspendida.

También emana de esta teoría general la precisión de que el Estado, como aparato que ejerce el monopolio de la violencia legítima, es el único que puede declarar estado de excepción.

Pero un siglo XXI donde organizaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda y los carteles del narcotráfico disputan la autoridad del Estado-nación a escala global, el concepto originario parece ser insuficiente. El estado de excepción ya no es un privilegio o recurso exclusivo del Estado-nación.

Incluso ocurre una paradoja que devela la sustancia política de este momento global: los Estados tratan de impedir ser convertidos en víctimas de los estados de excepción de organizaciones criminales de distinta naturaleza.

En términos muy simples en un estado de excepción los derechos básicos de la población (como la libertad de expresión, de asociación política, el libre tránsito, los derechos económicos y sociales, etc.) quedan suspendidos o anulados dependiendo de la situación. Paradójicamente es "legal" (según quien ejerce la ley) frustrar todos estos derechos.

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Dos casos icónicos son útiles a modo de ilustrar. Tanto para los nazis en su momento como para el mundialmente conocido Estado Islámico, es lícito asesinar o mantener segregados a quienes no compartan su visión de mundo por razones políticas, étnicas o religiosas. Pero esas "personas" no son personas en tanto y en cuanto el orden político que impera le anuló sus derechos.

En ese estado de excepción no existe mayor diferencia entre un animal y un "humano", pues la razón que diferencia a uno del otro es precisamente que el último tiene derechos. Borrada esa sensible frontera (cada vez más diluida por el capitalismo global), toda forma de castigo y control social es permitido y "legal".

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Pero sin irnos tan lejos también encontramos otros estados de excepción similares. En vastas regiones de Colombia y México -incluya aquí también a África y Centroamérica- bandas criminales (llámenos carteles, paracos o crimen organizado, da lo mismo) controlan la vida de la población en todos sus expresiones. Desde los toques de queda, el control territorial de la movilidad, el cobro de vacunas, los secuestros, extorsiones y masacres, hasta la anulación de todo derecho político y social básico, estas organizaciones extienden sus funciones de gobierno.

Un fenómeno político social que ya trasciende varias generaciones, transformó ese modo de vida impuesto por la fuerza en sistema político y económico, en mercado laboral, en formas de relacionarse. El miedo cubrió a totalidad la epidermis de esas sociedades.

El estado de excepción hoy globalizado es privado en tanto hace de "el mercado" (donde también entran los emprendedores del narco, la trata de personas y la minería, desde pequeñas hasta grandes empresas), la dinamita para desbaratar al Estado-nación.

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En tiempos de golpe de Estado, a Venezuela se busca imponerle un estado de excepción privado, es decir, que no parte del Estado sino de organizaciones privadas como partidos políticos financiadas por corporaciones gringas o bandas criminales pagadas por ellos.

El antichavismo demostró su brillante mentalidad gerencial al importar al país estos métodos de castigo y control social cada vez más globalizados. 

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La forma que ha tomado ese estado de excepción en ciernes en Venezuela se denomina "trancazo". Esta estrategia consiste en trancar vías, impedir el libre tránsito, paralizar el transporte de personas, alimentos, medicinas y combustibles e impactar negativamente en la psicología de la población, colocándola en un estado de zozobra permanente.

Derechos básicos como el libre tránsito no sólo quedan anulados, sino que la población pasa a ser secuestrada y controlada en sus actividades cotidianas, incluso exponiéndose a ataques por parte de los "manifestantes" si buscan pasar las denominadas trancas. A medida que se tornan más y más violentos, los grilletes y cadenas del antichavismo se vuelven más tangibles y pesados.

Otros derechos básicos como a la alimentación o a la compra de productos vitales, también son suspendidos. Basta referirse a los eventos de Maracay y Barquisimeto hace par de semanas, donde los trancazos fueron utilizados para ampliar el perímetro de saqueos masivos. No sólo se restringe el derecho a transitar por temor a ser linchado, sino el de adquirir productos esenciales en abastos, bodegas y supermercados.

Someter a la población a un régimen de miedo e inseguridad es la expresión más clara de que la agenda de aniquilamiento del Estado venezolano pasa esencialmente por eliminar todo estatuto jurídico y político, y toda garantía a la vida de la población. Quizás la alabanza del modelo mexicano o colombiano por parte del antichavismo, pasa más por la admiración a la impunidad de crímenes contra la población que por el aumento del PIB.

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En los trancazos es lícito matar ya que segrega, al mismo tiempo que animaliza, a un sector de la población por sus rasgos raciales y por su afiliación política: el chavismo. Es legítimo linchar y quemar porque precisamente quien lo padece no es gente, no tiene derechos, no existe como persona. Todos los estados de excepción crean un enemigo público. El gestionado por el antichavismo no es diferente tampoco en este sentido al del Estado Islámico o al del paramilitarismo en Colombia.

El 9 de julio el defensor del pueblo Tareck William Saab, denunciaba que un chavista había sido torturado, linchado y amarrado a un poste en la urbanización de clase media "Los Verdes" ubicado en El Paraíso, Caracas.



En los últimos meses, al menos 30 linchamientos (crímenes de odio) han perpetrado seguidores de la oposición venezolana, apuntó el Defensor.

Este estado de excepción del antichavismo también crea un arco temporal que valida distintos tipos de agresiones  El día de ayer en medio del trancazo murió un joven en La Isabelica, estado Carabobo, por un arma de fuego, en circunstancias poco claras, más allá del automatismo de la oposición de responsabilizar al Estado.

Un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Aragua fue asesinado en medio de un evento de campaña. Su nombre: José Luis Rivas.

Con un artefacto explosivo, siete efectivos de la GNB resultaron heridos. Más otros dos por disparos de bala en El Hatillo.




Por más que los medios presenten estos hechos como aislados, deben verse como una acumulación de eventos para aumentar el nivel de violencia en lo que queda de julio, con miras al plebiscito del 16 y al evento electoral de la Constituyente del 30, donde el antichavismo ha convocado a boicotear el proceso y suprimir los derechos electorales de la población.

Donde le dirán al mundo que ellos son el verdadero gobierno de Venezuela, no porque así lo quiso la gente, sino porque fueron los que más sangre derramaron. Porque es en nombre de las corporaciones gringas y su estado de excepción globalizado que ya no respeta fronteras marítimas ni terrestres, y que mediante las gestiones de Julio Borges finalmente se impuso en Venezuela.
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About Ricardo Abud (Chamosaurio)

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