Guatemala, 19 jun (PL) Varios de los acompañantes del expresidente Alfonso Portillo en un robo millonario a las arcas públicas de Guatemala están hoy en prisión, mientras el principal responsable gozó de la absolución por un tribunal.
En uno de los más sonados casos de impunidad en el país, Portillo se libró de una sentencia por aquella estafa durante su mandato (2000-2004) calculada en el equivalente en la época a alrededor de 312 millones de dólares.
Cuando fue dictado el fallo absolutorio, el pasado año, casi todos levantaron sus voces de rechazo, pero nada había que hacer ya aunque la parte acusatoria presentó apelaciones, cuyos resultados se desconocen.
Por si fuera poco, también fueron exonerados de culpa dos de sus principales supuestos cómplices, los exministros de la Defensa Nacional Eduardo Arévalo y de Finanzas Públicas Manuel Masa.
No obstante, el exmandatario sigue encarcelado porque la justicia estadounidense lo reclama por haber blanqueado en bancos de su territorio al menos 70 millones de dólares de lo sustraído.
Está a la espera del cumplimiento de la orden de extradición firmada por el gobernante Alvaro Colom (2008-2012) poco antes de abandonar el cargo, entrampada por diversos recursos legales introducidos por sus abogados.
Cuando abandonó el poder Portillo huyó al extranjero, conocedor de sus delitos, y fue a recalar a México, de donde cuatro años después fue enviado a Guatemala detenido, aunque salió libre bajo fianza.
Así se mantuvo hasta llegar la solicitud norteamericana de extradición, pero entonces se había fugado y fue aprehendido cuando nuevamente pretendía abandonar el país.
De acuerdo con el Ministerio Público, un grupo de militares y funcionarios, dirigido por Portillo, saqueó las finanzas públicas durante aquel periodo cuatrienal por el monto mencionado.
De esos, ayer fue detenido el exjefe de finanzas del otrora Estado Mayor Presidencial (EMP), Saúl Méndez, sobre quien pesaba una orden de captura desde 2005 por lavado de dinero y estafa, en su caso el equivalente a más de 30 millones de dólares.
La investigación estableció que durante cuatro años oficiales registrados como empleados de confianza de Portillo crearon empresas y simularon compras para llevar a sus cuentas sumas millonarias provenientes de los fondos del Estado.
El dinero también salió mediante pagos de nóminas a personas que no laboraban entonces en el EMP, del cual un exedecán y el exjefe de la División de Personal igualmente son sindicados, junto con un comerciante.
Portillo mismo disolvió en 2003 el EMP, acusado de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996, acción contemplada en los Acuerdos de Paz para acabar con esa guerra.
Entonces se traspasaron totalmente sus funciones a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, aquellas centradas en la protección del presidente y vicepresidente y en manejar los fondos de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo.
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