Caracas , 06 Mar. AVN.- El 6 de marzo de 2002, un día después de que Fedecámaras y la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) firmaron lo que ya se anunciaba como un acuerdo para gobernar el país sin el presidente Hugo Chávez, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunciaba para justificar el pacto, señalando que lo suscribía y “bendecía” a manera de “aval moral”.
En declaraciones al canal Globovisión, quien presidía el Episcopado, monseñor Baltasar Porras, dijo que el gobierno de Chávez había perdido legitimidad: "La legitimidad no está en ganar elecciones sino en cumplir lo que se ofreció. La legitimidad hay que ganarla día a día, y en Venezuela la legitimidad está quebrada".
Las declaraciones del jerarca fueron reseñadas entonces por el portal católico aci.digital (www.aciprensa.com) con la siguiente entrada:
“En una evidente crítica a las tendencias dictatoriales del gobierno del presidente Chávez, la Conferencia Episcopal de Venezuela señaló que los gobiernos democráticos puede ser ilegítimos cuando se apartan de su misión y de las necesidades del pueblo”.
“Las necesidades del pueblo” se expresaban, para la Conferencia Episcopal y todos los actores del golpe, en los intereses de los terratenientes y las transnacionales petroleras, afectados con las leyes de Tierras y de Hidrocarburos, ambas promulgadas a finales de 2001.
“El Prelado lamentó la actitud del Presidente Chávez, porque 'no está dispuesto a modificar su rumbo y además busca crear un caos mayor para pasar por encima de las leyes'”, agregó Baltasar Porras.
El acuerdo que justificaba Baltasar Porras, en el que el Episcopado dijo firmar como “un aval moral”, se denominó "Bases para un acuerdo democrático". Comprendía diez puntos para definir un pacto de “gobernabilidad” entre los sectores involucrados, 26 días después, en el golpe de Estado que terminó en el célebre “decreto Carmona”, el 12 de abril de 2002.
AVN
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