Caracas, 08 Abr. AVN .- En sólo una semana pasó de 15.000 a casi 25.000 el número de viviendas que están en proceso de entregarse a familias víctimas de estafa inmobiliaria, informó este jueves el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel.
“Casi 20.000 ó 25.000 viviendas están en proceso de liberación y serán propiedad de las familias”, declaró a periodistas en el marco de un encuentro nacional con más de 400 afectados por estafa inmobiliaria, realizado en la Asamblea Nacional (AN).
Se trata, explicó, de unidades habitacionales que, aunque estaban concluidas, no habían sido entregadas a sus adquirientes legítimos porque las promotoras inmobiliarias les exigían pagos adicionales al inicialmente pactado.
Esta era una de las principales irregularidades de constructores que perpetraron estafa inmobiliaria. También hay casos como la paralización de obras, proyectos que jamás fueron iniciados, usura e incumplimiento de contratos.
“El Estado está defendiendo a las familias frente al poderoso que los ha agobiado”, expresó Montiel, al tiempo que indicó que aún reciben denuncias de afectados.
En la actualidad el Indepabis atiende a 50.000 víctimas de este delito. “Buscamos que los empresarios respondan y llegar a acuerdos reparatorios para que se puedan construir sus viviendas a las miles de familias afectadas”, añadió.
“Pensamos que antes de mitad de año tendremos un mapa de más de 800 urbanismos del país con fechas de culminación, de entrega y transferencia de propiedad, lo que es la llamada protocolización. Podríamos hablar de cerca de 50.000 viviendas”, añadió.
Daño estimado en Bs. 40 mil millones
De acuerdo con Montiel, la cifra de afectados por estafa inmobiliaria puede llegar a 200.000, cada una con un promedio de 200.000 bolívares, lo que apunta a que el monto total de afectación puede situarse en los 40.000 millones de bolívares.
Miguel Rosas es una de esas víctimas de estafa. En 2008 firmó un contrato para tener su vivienda en la urbanización Terrazas de San Pedro, en Guarenas, estado Miranda, por 193.000 bolívares. Hace un año, la constructora Vinzoca le exigió montos adicionales e incluso tuvo que firmar un segundo contrato que le incrementó el precio en 200.000 bolívares.
Tras la intervención del Indepabis, logró finalmente que se respetara el primer pacto, que le devolvieran 98.000 bolívares que pagó por el ilegal Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entrega de su apartamento, hace 15 días.
“Nos sentimos ahora protegidos por el Gobierno central. Vimos respuestas”, señaló en el marco de la reunión sostenida este jueves en la AN.
Esa fe en que se resolverá su problema de vivienda gracias a la intervención del Estado la tiene Lisset Álvarez. Esta docente fue estafada junto con otras 274 personas por una organización llamada Asovico, a través de la cual cada una pagó 15 millones de bolívares antiguos en 2007 por un terreno de 77.647 metros cuadrados, ubicado en Guatire, estado Miranda, donde se levantaría un conjunto residencial.
La persona que los estafó desapareció con el dinero de todos. Tras la intervención de la Presidencia de la República el predio pasó a nombre de todos los beneficiarios, y ahora conversan con el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat a fin de obtener financiamiento que les permita construir sus casas bajo el modelo de autogestión, con un proyecto que están desarrollando por sí mismos.
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