TeleSUR
La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó este viernes al Gobierno mexicano hacer lo necesario para buscar y encontrar a 40 inmigrantes secuestrados a mediados de diciembre y de los que aún no se conoce su paradero, informó la Alta Comisionada del organismo, Navi Pillay.
A través de un comunicado publicado la mañana de este viernes, Pillay relató que “los inmigrantes fueron secuestrados en circunstancias bastante cuestionables hace más de un mes. Desde entonces no se sabe nada de ellos y defensores de los derechos humanos que colaboraron con otros miembros del mismo grupo han sido repetidamente amenazados de muerte".
Diversas organizaciones en pro de los DDHH aseguraron que los desaparecidos son inmigrantes que viajaban al norte de México abordo de un tren de carga que fue detenido por hombres armados en Oaxaca, en el suroeste del país.
Los informes recolectados por la Oficina de la Alta Comisionada en México, confirman que un grupo de 250 inmigrantes procedentes de Centroamérica, especialmente de El Salvador y Guatemala, se desplazaban el pasado 16 de diciembre en un tren dirección norte que atravesaba el estado de Oaxaca.
El tren fue detenido por un operativo especial, integrado por la Policía y funcionarios de Migración, que arrestaron a 92 de los inmigrantes. Algunas fuentes afirman que en la operación participó personal militar.
Por su parte, testigos han relatado que 150 personas pudieron volver a subir al tren, perteneciente a la estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero que el conductor de la unidad les exigió dinero y los amenazó por no recibir la suma deseada.
Después de dos días del incidente, algunas de los inmigrantes consiguieron llegar hasta el refugio Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, en el mismo estado de Oaxaca.
El padre Alejandro Solalinde, quien dirige el refugio y es conocido por su labor en la defensa de los DDHH de los inmigrantes, ha recibido múltiples amenazas de muerte desde que acogió al grupo que viajaba en la locomotora.
El pasado martes, dos organizaciones No Gubernamentales (ONGs) del estado mexicano de Oaxaca denunciaron un nuevo asalto perpetrado a un tren de carga donde viajaban un centenar de indocumentados que presuntamente fueron secuestrados.
"Está confirmado que el tren fue asaltado nuevamente. No sabemos si se ha presentado alguna denuncia", reclamó Solalinde.
Por su parte, el padre Heyman Vásquez, director del refugio El Señor de la misericordia, denunció a los medios locales que en este nuevo asalto fueron secuestrados un centenar de inmigrantes, también en su mayoría de Centroamérica.
“Cerca de 300 migrantes viajaban en el tren. Poco antes del asalto, 80 fueron detenidos durante una operación policial. Unos kilómetros más adelante llegaron hombres armados, obligaron a parar el tren con piedras y troncos en la vía, y se llevaron a un centenar de ellos, la mayoría hondureños, según afirmaron los que pudieron escaparse”, relató el sacerdote.
A pesar de las denuncias, todavía no se tiene confirmación de organismos estatales sobre estos supuestos secuestros.
Dos inmigrantes que viajaban en el ferrocarril "los hondureños Inés Montoya Ramírez y Ernesto Ruiz Rodríguez resultaron con lesiones leves al caer del tren" y se encuentran en un centro de salud en estos momentos, indicó el sacerdote Irineo Mujica, director de un refugio para inmigrantes de Arriaga en Chiapas (sureste), ante el silencio de las autoridades.
Además, otras organizaciones humanitarias en México denunciaron que en los últimos meses se han producido diversos secuestros de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Centroamérica.
En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH insistió en su llamado a las autoridades mexicanas a "que lleven a cabo una investigación transparente de las alegaciones de malos tratos y abusos cometidos por miembros de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migraciones".
Además de los secuestros, Pillay pide que se investiguen las amenazas contra el padre Solalinde.
"Las autoridades mexicanas necesitan determinar si funcionarios públicos, incluyendo los que trabajan en la compañía de ferrocarriles, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo el rapto y las extorsiones", sostuvo la funcionaria .
Según la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, miles de personas han sido víctimas de secuestro y extorsión durante su viaje a Estados Unidos.
“En línea con sus obligaciones internacionales, el Gobierno de México debe hacer todos los esfuerzos posibles para proteger la vida y la integridad de los inmigrantes. Debería hacer todo lo necesario para asegurarse que todos los funcionarios que trabajan con inmigrantes respetan sus derechos y que todos los que los ayudan son efectivamente protegidos”, concluyó Pillay.
teleSUR-Efe-Bbc/yi-MM
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