Ampliarán investigación a congresistas colombianos por supuestos vínculos con FARCPor: Telesur
La investigación ya ha alcanzado a cuatro congresistas, incluida la senadora liberal Piedad Córdoba, que ha jugado un papel fundamental en las liberaciones de retenidos que han llevado a cabo las FARC desde el pasado año de 2008.
El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, aseguró este jueves que será ampliada la investigación sobre congresistas, que ya alcanza a tres legisladores, incluida la senadora liberal Piedad Córdoba, por mantener supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ordóñez señaló que la Procuraduría está analizando las pruebas que tiene para tomar la decisión de iniciar las nuevas investigaciones disciplinarias, las cuales se extenderían a otros funcionarios públicos, que habrían mantenido presuntos nexos con la guerrilla.
"Se están valorando una serie de pruebas y se definirá si así se hará o no. Son varias personas más las que podrían ser investigadas por posibles vínculos con las FARC", indicó Ordóñez.
El funcionario colombiano agregó que en caso de que los investigadores de la Procuraduría encuentren evidencias que comprometan penalmente a algunas personas, las remitirán a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pasado miércoles la Procuraduría anunció que serían investigados la senadora Piedad Córdoba, el Partido Liberal, junto a su colega Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y el diputado Wilson Borja, también de esa organización política.
Posteriormente, ese ente gubernamental anunció que fue incluido en la investigación el senador Jorge Enrique Robledo, también integrante del PDA.
Ante esto, el diputado Borja dijo a teleSUR el pasado miércoles que no se le ha notificado formalmente sobre la apertura de un expediente en su contra por parte de la Procuraduría y agregó que en Colombia los casos judiciales se manejan a través de la prensa.
"El problema en Colombia es que los casos judiciales se tratan con la prensa, y respecto a esto (a la investigación) yo no tengo ninguna notificación más que la que me envió el antiguo procurador el año pasado, cuando se abrió una investigación en virtud del proceso de indagación sobre la Parapolítica", declaró.
"Que me notifiquen si hay algo nuevo, diferente a lo que ya tiene la Corte. Espero que la Procuraduría me notifique", agregó.
Denunció que esta nueva investigación se anuncia con la intención de "seguir enredando la situación en la que está el país, a favor de (Álvaro) Uribe, como lo mismo que han sacado contra magistrados de la Corte. No es más que lo que acostumbra a hacer este presidente, enredar las cosas para su conveniencia".
En un tono similar, Piedad Córdoba, otra de las parlamentarias a las que se le investigará aseguró a teleSUR que oficialmente no ha sido notificada de la indagatoria, pero que cuando esto suceda, asistirá a la cita y esperará la decisión del Procurador.
"No creo que aquí haya que opinar nada distinto que acatar una decisión, presentarse en el momento en que sea requerido y tener muy claro que mi vida, no solamente en lo personal, sino en lo político está ajustada a la ley y esperar la decisión del señor procurador", explicó.
"Lo primero es que a pesar de que ya está notificada la opinión pública a través de los medios, pues a nosotros no se nos ha notificado oficialmente, el abogado se tiene que notificar, una vez que nos notifiquemos procederemos a presentarnos", añadió.
A Córdoba, que ha sido mediadora en la liberación de una docena de personas retenidas por las FARC y lidera el movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), el presidente colombiano Álvaro Uribe le ha negado la posibilidad de intervenir en la liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, retenido desde hace más de 11 años por esta guerrilla.
Esto pese a que la organización insurgente, al anunciar la liberación unilateral de Moncayo el pasado mes de abril, solicitó la presencia de Córdoba en el proceso.
Uribe ha dicho que si las FARC quieren liberar al uniformado, lo pueden entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Iglesia Católica, únicos entes autorizados por su gobierno para tal fin.
La indagación disciplinaria es independiente de una investigación penal que cursa en la Fiscalía General desde el año pasado contra los mismos parlamentarios y por la misma acusación.
El procurador Ordóñez incluyó además en la indagación preliminar al concejal de Bogotá por el Partido Comunista (PC), Jaime Caycedo, que junto a los tres congresistas deberá atender el llamado de la Procuraduría, ya que sus nombres supuestamente aparecieron en computadores pertenecientes al número dos de las FARC, Raúl Reyes, asesinado por el Ejército colombiano en Ecuador.
En esos computadores, según la versión de Bogotá, aparecen mencionados los legisladores, así como periodistas, otros políticos y defensores de derechos humanos, entre otros.
Raúl Reyes fue masacrado el 1 de marzo de 2008, junto a los guerrilleros que lo custodiaban mientras dormían, tras un bombardeo y posterior incursión terrestre de tropas colombianas en territorio ecuatoriano, donde estaba asentado el campamento temporal donde pernoctaban.
Por esa acción militar que significó una violación de la soberanía ecuatoriana, Quito rompió relaciones diplomáticas con Colombia, que hasta ahora no se han restablecido.
La Fiscalía colombiana y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adelantan igualmente desde hace más de un año una investigación por vínculos de políticos y congresistas con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Como resultado, una treintena de congresistas, la mayoría de la coalición oficialista se encuentran detenidos a la espera de que se decida su situación judicial, en lo que se ha denominado el escándalo de la Parapolítica.
Mancuso anuncia más testimonios
El extraditado ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, le advirtió al presidente colombiano que el capítulo de los militares involucrados con paramilitares de extrema derecha va a ser "más doloroso y traumático" que el de la Parapolítica.
En una carta enviada por Mancuso a Uribe desde una cárcel de Washington, Estados Unidos, el ex cabecilla paramilitar afirmó que "va a ser cada vez más difícil disimular la vinculación de las fuerzas militares, de Policía y de inteligencia con los diferentes actores del conflicto que nos ha tocado vivir".
"Cada vez más la evidencia, la contundencia y la dimensión descomunal de los hechos, mostrará lo inocultable", añadió Mancuso en la misiva.
Además, afirmó que en un principio esa vinculación se podrá mostrar como casos aislados que no comprometen la responsabilidad de estas instituciones militares, pero, a su juicio, al final se evidenciará que la situación no fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de Estado.
"Con los vacíos de la ley de Justicia y Paz, algunos con la intención de aplicar justicia, otros para perpetuar el conflicto y otros más en busca de retaliaciones o victimizarse escondiendo la verdadera realidad del conflicto o todos los anteriores, van a ensañarse contra el Estado y las Fuerzas Militares", explicó Mancuso.
"Van a plantear si esa política de Estado que aparece documentada en los diferentes manuales de las instituciones militares aprobados y firmados por generales de la República, ministros de Defensa y hasta presidentes, que son los comandantes en jefe de las Fuerzas Militares, que dio origen al paramilitarismo de Estado, entraría en la configuración de crímenes de lesa humanidad cuando ha sido un ataque sistemático contra sectores concretos de la población civil", sostuvo el ex comandante de las AUC.
En la carta, Mancuso le pidió al presidente Álvaro Uribe que amplíe la ley de Justicia y Paz "para que cobije a los que están quedando desprotegidos ante la contundencia de lo inocultable", es decir a políticos, militares y otros sectores sociales que de una u otra forma tuvieron nexos con grupos armados al margen de la ley.
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