Por: Miguel Lozano(PL) A falta de un programa alternativo, la oposición venezolana centra hoy su campaña electoral en un intento de deslegitimar recientes iniciativas legislativas que apuntan a profundizar un proyecto de desarrollo socialista.
La campaña, de la mano de sondeos que auguran el triunfo de los seguidores del presidente Hugo Chávez en los comicios regionales del próximo noviembre, ocupa el vacío de propuestas que hasta ahora han sido incapaces de estructurar los partidos opositores.
La visión de Chávez es un estado socialista que garantice la distribución de la riqueza, la eliminación de desigualdades y un desarrollo agrícola e industrial que sustituya el carácter de mono-productor de petróleo.
Esta propuesta busca la sustitución de un patrón que enriqueció a un sector, pero dejó en el abandono en el pasado a millones de venezolanos, beneficiados hoy con programas gratuitos de salud y educación, entre otros, financiados con los ingresos petroleros.
Para ello se inició un programa de nacionalizaciones que incluyó la faja petrolera, siderurgia, electricidad y más recientemente cementeras para garantizar servicios públicos y viviendas a toda la población a precios asequibles.
Ante ello la oposición no expone una posición en temas clave como política petrolera, programas sociales de salud, educación, combate al desempleo, contra la miseria, entre otros, y se enfoca a criticar presuntas negligencias o incapacidad administrativas.
La aparente ausencia de criterios parte de la posición incómoda en que el avance de los cambios liderados por Chávez colocó a las tradicionales políticas de privatización de los servicios y ramas básicas de la economía como el petróleo.
Las dificultades para defender abiertamente el neoliberalismo, una opción que rechaza la población venezolana mayoritariamente, deja a los dirigentes opositores en una escasez de propuestas que han intentado llenar con temas coyunturales o sobredimensionados.
Las críticas se enfocan, básicamente, en la supuesta ilegalidad de un paquete de 26 leyes emitidas el pasado 31 de julio por Chávez, quien tenía una habilitación temporal de la Asamblea Nacional (parlamento) para emitir decretos con rango y fuerza de ley.
Para la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, los partidos de la oposición pretenden sembrar terrorismo en la calle con sus críticas a los decretos-leyes aprobados por la vía Habilitante, ante la pérdida de terreno con vistas las elecciones.
Según su criterio, la poca receptividad de sus candidatos se debe al trabajo hecho por el gobierno en función de la mayoría de la población y la popularidad de los aspirantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) elegidos por las bases.
Los candidatos socialistas pasaron ya la prueba inicial de las urnas del partido encabezado por Chávez, que cuenta con unos seis millones de miembros. Más allá de una táctica, las críticas a las leyes firmadas por el presidente venezolano presentan un peligro adicional, por cuanto en esencia buscan deslegitimar el gobierno y justificar así acciones anti-constitucionales, en opinión de algunos políticos como Flores.
La presidenta de la Asamblea Nacional recordó que la situación es similar a la de 2001, cuando se aprobaron las primeras leyes mediante una Ley Habilitante similar.
En esa oportunidad arremetieron fuertemente para tratar de cuestionar las 49 leyes promulgadas en una escalada que desembocó en el golpe de Estado de abril de 2002, durante el cual derogaron esas normas, recordó Flores recientemente.
Este análisis se basa asimismo en declaraciones de algunos opositores que llaman a “incendiar las calles” o consideran las 26 leyes un golpe de Estado dado por Chávez, con llamados a la desobediencia civil.
En el trasfondo de estas posiciones se encuentra una fuerte caída de las opciones de la oposición, que hace unos meses pensaba ganar 11 de los 22 estados, cifra que luego –según encuestas- bajó a seis y hoy es de tres o cuatro, según sondeos diferentes.
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